Escuelas Campesinas de Salamanca, Adecasal y Asdecoba se suman a esta reivindicación
La acción reivindicativa impulsada por CAS se
centra en la contratación pública y responsable que favorezca la producción
local responsable y sostenible en el territorio y tenga en cuenta las
iniciativas de economía social.
La contratación pública representa alrededor del 20%
del PIB de España. Las administraciones públicas tienen en su mano que estas
contrataciones sean responsables desde el punto de vista social y
medioambiental, comprando productos y servicios éticos y utilizando las
licitaciones públicas para crear oportunidades de empleo, trabajo decente e
inclusión social y profesional para los colectivos más vulnerables o en riesgo
de exclusión.
Según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
“se facilitará el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas
empresas, así como a las empresas de economía social”, con un porcentaje mínimo
de reserva de contratos del 7%. La normativa europea de contratos públicos
incide igualmente en la contratación responsable y sostenible.
Sin embargo, en la práctica existen muchas barreras
que dificultan o impiden que personas productoras autónomas, pequeñas empresas
o asociaciones de productores asentadas en el territorio, así como entidades de
economía social o empresas de inserción puedan acceder a las licitaciones
públicas. Al contrario, las condiciones y requisitos de las licitaciones
públicas tienden a concentrar la adjudicación de compras y servicios en grandes
lotes, de manera que recaen casi exclusivamente en grandes empresas, ajenas al
territorio. De este modo, se priman los criterios de rentabilidad frente a
los criterios sociales, quedan fuera los productos de proximidad, se dejan
al margen los canales cortos de comercialización y se relega la economía a
pequeña escala que sostiene la vida en el territorio.
Un ejemplo significativo es lo que
ha ocurrido con los comedores escolares, como resultado de las
condiciones de licitación de un servicio que favorece la adjudicación a grandes
compañías, con el cambio de paradigma que esto conlleva. Pasamos así de alimentarnos a suministrarnos comida, y en
un periodo, el escolar, que es clave en el desarrollo de los niños y niñas, sus
hábitos de vida y el aprendizaje de valores comunitarios. La comida ya
no la preparan vecinas o vecinos del pueblo con productos locales y con sabor a
casa, sino que se elabora a distancia con técnicas industriales y se distribuye
en frío, de forma aséptica e insípida; la actividad económica se deslocaliza y
el colegio pierde un elemento de conexión con el entorno rural o el barrio
donde se ubica.
Otro tanto ocurre con el servicio
de cátering o comida a domicilio para personas mayores. Si bien es cierto
que en algunos casos se favorece la adjudicación a iniciativas de economía
social y solidaria, que elaboran la comida cada día con productos de proximidad
y la reparten puerta a puerta los 365 días del año, manteniendo un contacto con
las personas que reciben el servicio, no lo es menos que, en general, las
condiciones de licitación fuerzan a que el servicio recaiga en manos de
empresas de gran tamaño, ajenas al territorio, que anteponen a cualquier otro
el criterio de rentabilidad, utilizan en muchos casos la línea en frío y
depositan de una vez los menús de toda la semana. Si una diputación provincial
o comunidad autónoma saca a licitación el servicio en conjunto para todo su
territorio, ¿tendrá realmente la más mínima posibilidad de optar al mismo una
iniciativa local, una empresa pequeña asentada en el territorio, un grupo de
productores responsables o una iniciativa de economía social y comunitaria?
Casi que con toda seguridad quedará excluida de antemano.
Para facilitar el acceso en las licitaciones y
contrataciones públicas a las personas
productoras, pequeñas empresas e iniciativas de economía social del territorio,
proponemos:
- Dividir el contrato en lotes por productos, prestaciones, centros o cuantía.
- Limitar el número de lotes a los que se puede presentar una empresa.
- Reservar lotes a entidades de economía social y empresas de inserción.
- Adjudicar criterios separados para cada lote.
- Reducir la carga administrativa.
- Reducir los requisitos de solvencia técnica y financiera.
- Reducir o eliminar los avales y garantías.
- Promover y facilitar la concurrencia conjunta.
·
Con la idea de impulsar esta campaña reivindicativa y
hacer que cale en la conciencia social, estamos recogiendo testimonios de
productores y productoras en cada uno de los territorios, que reuniremos en
un vídeo reivindicativo que se lanzará a través de las redes sociales y se
difundirá en los medios de comunicación en los próximos meses.
Promueven esta campaña las entidades asociadas en
Colectivos de Acción Solidaria que comparten el programa Gente y
Tierra, entre las que se encuentran Escuelas Campesinas de Salamanca,
Adecasal y Asdecoba. El programa se mantiene gracias a la subvención del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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